Se conoció en la tarde noche de este domingo 10 de diciembre, en el municipio de Jericó, Suroeste de Antioquia, un hecho que podría ser catalogado como secuestro simple y delito de obstrucción a vías públicas que afectan el orden público de acuerdo con el artículo 353A del Código Penal de Colombia y que da prisión desde los 24 a 40 meses y multa económica desde los 13 a 75 salarios mínimos mensuales vigentes.
3 mujeres, entre ellas una menor de edad y una adulta mayor, se dirigían desde el casco urbano de Jericó hacia la vereda La Soledad, ubicada en el corregimiento Palocabildo de Jericó. 2 kilómetros antes de llegar a su destino, fueron retenidas por un grupo cercano a las 15 personas. Este grupo les dijo que no podían continuar su camino porque ellas apoyaban el proyecto minero de cobre Quebradona.
No es la primera vez que este grupo de personas comete estos actos. Ha sido una conducta sistemática desde hace unos 10 años. Incluso, el año pasado, por esta misma época, ingresaron a un predio privado en la vereda Vallecitos que también había dado permiso al proyecto minero de realizar estudios e impidieron su realización. En ese entonces fueron querellados por la Inspección Municipal de Jericó.
Desde esta semana, estas 15 personas se encuentran reteniendo ilegalmente personas, requisando vehículos y decidiendo quién pasa y quién no por la zona, suplantando a la autoridad. La razón en esta ocasión, es que el señor Rafael Arteaga, propietario de una finca en la vereda La Soledad, autorizó al proyecto Quebradona para continuar con sus estudios de agua que permitan conocer la calidad y condiciones de este recurso en la zona, que por demás, es un requisito de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para evaluar un futuro Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Quebradona y que fue una de las razones por las que les archivaron su pasado estudio.
"Solicito a las autoridades de toda la región que se pongan al frente de esta situación, para garantizar la seguridad y convivencia pacífica entre los habitantes de este sector" expresó Rafael Arteaga dueño del predio en La Soledad.
Además explicó porqué autorizó a Quebradona la realización de estos estudios: "Me he podido dar cuenta de que es muy grande la comunidad que apoya como yo, la necesidad de hacer estos estudios y que sus resultados nos permitan tomar decisiones que nos favorezcan a todos" (Ver aquí comunicado completo).
Las tres mujeres retenidas después de confrontar respetuosa y valientemente a este grupo, lograron continuar su camino:
Sin embargo, la zozobra de la comunidad se mantiene, pues estas personas siguen cometiendo retenes e intimidando a todo el que pase por allí como lo han documentado ampliamente las personas afectadas en la red social X:
Para resolver esta situación, la Alcaldía de Jericó ha creado una Mesa Interinstitucional que funciona desde el año pasado con el fin de darle garantías a todos los actores: a la empresa minera que tiene el compromiso y obligación de avanzar con sus estudios, amparada en un título minero que le otorgó el gobierno nacional; instituciones y comunidades; sin embargo, las vías de hecho son una constante, afectando no sólo el desarrollo de los estudios de este proyecto minero sino alterando el orden público, la paz y la tranquilidad de la que ha gozado Jericó.
Hoy se requiere, más que nunca, acompañamiento insititucional y que todos los actores sientan garantías. No puede ser que un recurso mineral como el cobre, que es punta de lanza para la transición energética, como lo promulga este mismo gobierno, sea causa de conflictos y divisiones, cuando por el contrario, debe servir para el desarrollo y la prosperidad de las regiones.