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Dos de cal y una de arena en licenciamiento ambiental

Por José María Dávila Román

@JoseMaDavilaR (X)


La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA empezó este año tomando tres decisiones frente a proyectos de interés: el archivo del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá (ver) y la aprobación de dos licencias ambientales, una para el proyecto Parque Eólico Trupillo de la empresa Eólica La Vela S.A.S., que es un proyecto de Fuente No Convencional de Energía Renovable (FNCER); y la aprobación de la Línea de conexión a 500 Kv Casa Eléctrica -colectora 1 y subestación Casa Eléctrica; estos dos últimos proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, coexistiendo con la comunidad indígena Wayuu con quienes se debió realizar un proceso adicional de consulta previa (ver).

 

Dice la ANLA que cerró el 2023 “con un total de 17 licencias ambientales asociadas a proyectos de energías renovables” y que después de otorgar las licencias ambientales deberán ejercer seguimiento y control ambiental, “donde se verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas”.

 

La ANLA, como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la encargada de entregar licencias a proyectos que sean definidos como de interés nacional y estratégicos, también conocidos como PINES, en diversos sectores económicos como hidrocarburos, energía, infraestructura y minería. Para que un proyecto sea declarado como PINE, debe cumplir, entre otras condiciones, con el de ser un alto generador de ingresos económicos, empleo y desarrollo para el país. Desde que nació la ANLA en el 2011 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, se buscó acelerar el trámite de licenciamiento ambiental de proyectos de interés nacional para que los interesados supieran en el menor tiempo la viabilidad de estos; antes de la ANLA, los proyectos dependían directamente de las corporaciones ambientales regionales, que muchas veces, por temas políticos, dilataban las decisiones sobre este tipo de iniciativas.

 

Archivar un trámite de licenciamiento ambiental, como en este caso le pasó al proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, no significa negar la licencia ni que el proyecto sea perjudicial. El archivo lo que significa es que la ANLA requiere más información técnica para tomar una decisión de fondo. Para el caso de ampliación de la Autopista Norte, la ANLA requirió más información en “conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral”.  Después del archivo, la empresa interesada en desarrollar el proyecto puede hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que incluya la información que la autoridad requiere y de esta manera definir su viabilidad.

 

Es lo que ocurrió con el ya aprobado Parque Eólico Trupillo. En febrero de 2023, la empresa interesada en desarrollar el proyecto retiró su Estudio de Impacto Ambiental porque les faltaba información técnica, en junio de ese año volvieron a presentar el Estudio de Impacto Ambiental con la información faltante, y 6 meses después, el 2 de enero del presente año, la ANLA les aprobó la licencia ambiental.

 

Hay tres tipos de respuesta que emite esta autoridad ambiental frente a licencias ambientales: (i) aprobación de la licencia, (ii) archivo del trámite de licenciamiento porque requieren más información; y (iii) negación de la licencia, que significa que, a pesar de tener toda la información técnica, se demuestra que el proyecto propuesto es más negativo que positivo y no se podrá realizar. El proyecto hidroeléctrico Cañafisto, de la empresa Isagén, que cobijaba el río Cauca desde Anzá, occidente antioqueño hasta La Pintada, suroeste antioqueño, fue uno de los proyectos a los que se le negó la licencia ambiental hace cerca de diez años.  

 

La función de la ANLA es muy importante porque es la que le da garantías a la ciudadanía de si los proyectos de interés nacional que se plantean ejecutar en los territorios son viables o no. No está en manos de las empresas que operan estos proyectos definir su desarrollo y carecería de toda lógica porque serían juez y parte; la ANLA busca que con información técnica y completa se realicen proyectos beneficiosos y sostenibles para el país.

 

Por la misma razón, no es capricho que las empresas realicen estudios como el que se requiere para el proyecto Autopista Norte en Bogotá en materia hídrica y ecológica. Es la misma autoridad quien pide la información para poder tomar una decisión de fondo.

 

Las personas tienen todo el derecho a oponerse a proyectos que no les gusta, pero esa oposición debe ser basada en criterios técnicos y con datos; no con prejuicios ni supuestos. Es ahí, donde la ANLA, juega un papel clave. Ojalá que sus decisiones siempre respondan a criterios técnicos y no políticos ni ideológicos que lo único que generarían es retrasar el desarrollo del país.    

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