top of page
  • Foto del escritorAl Día Suroeste

De Memoria: Algunos recuerdos sueltos sobre los orígenes de la Ley 70 de 1993 -2ª Parte-


30 años después de su entrada en vigencia, la Ley 70 de 1993 sigue siendo el instrumento sociojurídico más completo para la defensa y garantía de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras de Colombia. FOTO: Festival Petronio Alvarez 2023-Twitter: @PetronioCO.

Por Julio César Uribe Hermocillo

@guarengue


Se cumplieron 30 años de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras, el domingo 27 de agosto de 2023. El balance de su aplicación en materia de titulación colectiva de tierras es altamente favorable: de hecho, por ejemplo, el Consejo comunitario mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, es titular de un área de propiedad colectiva de casi 700.000 hectáreas. Pero lo que sí resulta imperdonable es que la reglamentación de esta ley en las demás materias pendientes continúe siendo -tres décadas después- una promesa vana y recurrente que se saca del catálogo político electoral cada cuatro años con el único y cínico fin de captar votos incautos para Congreso y Presidencia de la República. Una promesa que hace dos días, con la firma de un par de decretos reglamentarios del Capítulo V de la ley (Recursos mineros) pareciera, por fin, haberse empezado a cumplir.


Aun con este vacío de reglamentación y varios de aplicación, la Ley 70 de 1993 sigue siendo el hito de mayor trascendencia en toda la historia del movimiento social afrocolombiano en cuanto al reconocimiento de derechos de las comunidades negras del país. La Ley 70 de 1993 puso en la escena sociojurídica y política a las comunidades negras como sujetos válidos y constituyentes de la nacionalidad multiétnica y pluricultural de Colombia; lo cual, en medio del racismo sistemático e interiorizado de la mayor parte de la sociedad, que ni siquiera puede aceptar -sin denigrar de ella- que la vicepresidenta de la República sea negra; es un acontecimiento de carácter histórico para nuestra democracia.

Dicho racismo, unido a la escasa comprensión de la cuestión étnica y al nulo interés en la misma, así como cierta dosis de indolencia social y clasismo, habrían de ocasionar no pocas dificultades e incomprensiones en tiempos de los orígenes de la Ley 70 de 1993, desde sectores académicos, políticos y eclesiásticos de Quibdó y el Chocó. El recuento de algunas de estas situaciones, que incluso en su momento llevaron a la ACIA a titular un comentario en El Atrateño, su boletín bimestral de entonces: “Le levantan corrinches a la ACIA”; es la materia de esta segunda parte de la compilación de recuerdos sobre aquellos tiempos en los que se estaba gestando la Ley 70 de 1993.


La academia ausente


Desde que comenzó el proceso organizativo de las comunidades indígenas del Chocó, del cual nació la OREWA, primera organización indígena de carácter regional, y desde que los equipos misioneros del Vicariato de Quibdó y líderes campesinos del Atrato Medio emprendieron la tarea de construir una organización campesina, que se constituiría como ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato); las comunidades, sus líderes y sus acompañantes o asesores esperaban que el símbolo de la academia chocoana, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba -UTCH-, asumiera un papel activo, propositivo, creativo y solidario en el proceso organizativo, de formación, de discusión y debate, que tan complejo e intrincado se tornaba a ratos por la novedad de las materias involucradas.


En efecto, estábamos tratando con un conjunto de materias, minucias, detalles, costumbres, tradiciones, que a través del proceso pretendíamos convertir en categorías normativas lo más elevadas y vinculantes que fuera posible, jurídicamente hablando; tales como el reconocimiento del carácter étnico del pueblo negro, el levantamiento de la Reserva Forestal del Pacífico (Ley 2ª de 1959) para titular esas tierras de manera colectiva a los campesinos negros del Medio Atrato, del Chocó, del Pacífico; el establecimiento de nuevas instituciones de carácter comunitario para la administración del territorio y el ejercicio de la autoridad territorial por parte de los propios campesinos; la institucionalización de las tradiciones de uso y manejo de los bosques, de las orillas, los ríos y el monte, de la propiedad sin dueños reconocidos, de la propiedad reconocida desde antiguo a los troncos familiares en cada pueblo, en cada calle del río, en cada segmento de los cursos medios y de las desembocaduras; etcétera, etcétera, etcétera.


Pero, no. No fue así. La UTCH se limitó a hacer presencia -cuando asistía, pues no todas las veces lo hacía- con sus delegados en las reuniones a las que era convocada, con representaciones discontinuas y sin ir más allá del acto de presencia. Únicamente el Profesor Millo, Néstor Emilio Mosquera Perea, y el Profesor Carlos Arturo Caicedo Licona, en quienes no era extraño ni nuevo este apoyo, pues de hecho siempre habían sido interlocutores entusiastas y constructivos de los Misioneros Claretianos que habían trabajado desde el principio en estas lides, como Gonzalo de la Torre, Jairo Miguel Guerra, Wilson Cuevas, Antonio Mena, Jaime Salazar, Javier Pulgarín, Hernando Moná y Héctor Castrillón, entre otros; se mostraron siempre fervorosos y entusiasmados con las discusiones, y favorables a las propuestas que surgían de los encuentros, las reuniones, los cursillos y talleres educativos del campesinado en el Medio Atrato; los cuales terminarían germinando y fructificando en la conformación de la ACIA, Asociación Campesina Integral del Atrato, que se convirtió en adalid del camino que condujo al Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia y a la Ley 70 de 1993.


También contribuían con pequeños y valiosos apoyos a la causa, como su acompañamiento y participación en las reuniones de trabajo, y su disposición permanente para mantenerse informadas y así transmitir a sus estudiantes y colegas los puntos centrales de debate, a manera de pedagogía, un grupo de profesoras del programa de Trabajo Social de la UTCH, en el cual se destacaban Inocencia Lemus de Uribe, Luz Stella Useche de Del Valle, Berta Conto García y Sara García Perea, quien había participado en el Foro de Buchadó, donde los campesinos le habían planteado, por primera vez como organización, los aspectos centrales de sus reivindicaciones étnicas y territoriales a los representantes gubernamentales del orden nacional. Contrario a estas profesionales chocoanas y a sus colegas Millo y Licona, en un acto como de Ripley o del Extraño mundo de Subuso, en la misma UTCH se gestó una de las más férreas campañas de tergiversación y desprestigio de las ideas que originaron la Ley 70 de 1993. La lideró el sacerdote chocoano John Hérbert Valencia Barco, quien era un célebre profesor de la institución y quien -de modo obcecado y tendencioso- no solamente controvirtió con argumentos que no lo eran, sino que -además- inventó lo que hoy llamaríamos fake news para desacreditar el proceso.


El Padre Hérbert o la cuña del mismo palo


Archivo histórico
Además de la indiferencia del sector académico del Chocó, el proceso de origen de la Ley 70 debió soportar hostilidades políticas, maledicencia y campañas de desprestigio.

No satisfecho con generar un ambiente literalmente enrarecido y confuso respecto a dicho proceso, el Padre John Hérbert Valencia Barco llegó al extremo de afirmar que el reconocimiento de la propiedad colectiva era una condena al atraso -intencional y premeditada- para las comunidades negras, pues, según su parecer, el carácter inalienable de las tierras reconocidas impedía que sus propietarios pudieran negociarlas con quien quisieran; como si vender la tierra fuera el fin de obtener su propiedad y como si no fuera precisamente el carácter colectivo y familiar, ancestral y tradicional, no comercial ni catastral, el sentido ulterior y profundo de dicha propiedad.


Dijo también el Padre Hérbert que él había estado en África y que los negros de allá no se parecían en nada a los de acá y que, por tanto, según su olímpica salida, era inapropiado apelar a las huellas de africanía y a la ascendencia africana para remarcar las raíces de la composición étnica de las comunidades negras del Medio Atrato, el Chocó y el Pacífico Colombiano. Y dijo, también, que reconocer, validar y valorar los sistemas tradicionales de producción del campesinado medioatrateño era un error histórico, cultural y antropológico; pues estos sistemas -según su burdo y descortés dictamen- eran tan precarios y primitivos que impedían el desarrollo capitalista del Chocó; como si su eficacia para sustentar la existencia de las comunidades desde mediados del siglo XIX y su sabiduría como modelo adaptativo sostenible fueran cosas desdeñables desde la perspectiva científica que él invocaba, pero que evidentemente no aplicaba.


De ahí para allá, todo lo que tuviera tinte étnico (el desarrollo propio, la etnoeducación, la salud comunitaria basada en prácticas tradicionales de uso medicinal de productos del bosque, etcétera) fue motivo de desprestigio e incluso de burla por parte del Padre Hérbert y sus seguidores. De esta manera, este cura católico chocoano no solamente actuaba incoherentemente con los títulos académicos que solía exhibir como prueba reina de sus conocimientos, sino también con su condición de afrochocoano y de presbítero incardinado a una diócesis cuya opción fundamental por la vida incluía el trabajo pastoral en la defensa de la cultura, el territorio y los recursos naturales de la gente de su jurisdicción; amén del trabajo por su reconocimiento e inclusión con perspectivas de clase y de género.


De modo más absurdo aún, las ventoleras opositoras del presbítero John Hérbert Valencia Barco encontraron eco en Quibdó, en un sector numeroso de profesores de la UTCH, en funcionarios públicos y políticos en general. Encontraron también todo el eco en un sector dogmático de la izquierda que hacía activismo político en el Chocó de entonces, incluyendo su apoyo a la protesta social. De modo bastante insólito, mientras proclamaba grandilocuentemente su militancia a favor del pueblo como sujeto histórico respecto al imperialismo, al colonialismo y a los enclaves económicos que históricamente habían saqueado los bosques y las minas del Chocó; este sector de la izquierda, simultáneamente, juzgaba equivocado reivindicar el carácter inalienable de la tierra, dizque porque así se mantendría a la gente en un estadio precapitalista, porque no podría negociar, vender ni transar las tierras, los bosques, los ríos y el conjunto de recursos de fauna, flora y metales preciosos que estos escenarios albergaban. Como si la transacción comercial con los dueños del capital fuera el destino de aquel territorio que las comunidades negras del Atrato Medio, en el Chocó, comenzaban a considerar como el escenario histórico, cultural y étnico de su vida… Y, como si lo anterior fuera poco, esta izquierda que parecía tener la derecha alborotada, sin pudor intelectual alguno, denostaba de la reivindicación étnica del pueblo negro medioatrateño, dizque porque su situación de postración e indignidad socioeconómica y su exclusión de la vida nacional no dependían de su condición racial, sino -única y exclusivamente, según ellos- de su condición de clase.


“Le levantan corrinches a la ACIA”


Archivo histórico
Hasta al corrinche y la difamación recurrieron los enemigos del proceso que dio origen a la Ley 70 de 1993. Tanto la ACIA como los equipos misioneros del Vicariato de Quibdó, incluido el Obispo, debieron defenderse frecuentemente de las campañas de desprestigio y de los rumores y noticias falsas que sobre su trabajo se pregonaban desde diversos sectores.

Como lo vimos en la primera parte de esta colección de recuerdos traídos a cuento con motivo de loa 30 años de expedición de la Ley 70 de 1993; el Foro de Buchadó y el documento final del mismo suscrito por los participantes, conocido como Acuerdo de Buchadó, condujeron a una serie de decisiones de la Junta Directiva de Codechocó -Corporación Nacional para el desarrollo del Chocó- que quedaron consignadas en el Acuerdo 88 del 30 de julio de 1987, el cual fue complementado mediante el Acta de Bellavista, documento aclaratorio suscrito por campesinos y funcionarios.


El ambiente desfavorable generado por los malentendidos, confusiones, versiones falsas y desinterés en el proceso de reconocimiento de derechos ambientales, territoriales y étnicos a los campesinos del Medio Atrato llegó hasta la Junta Directiva de Codechocó. Testigos de primera mano de aquella época recuerdan que “al Acuerdo 88 se opusieron los miembros de la junta directiva de Codechocó Víctor Rafael Valencia, Martín Hernán Orejuela y Antonio J. Murillo. La decisión tuvo el apoyo, además de los miembros de la junta, Martha Lasprilla y Arturo Ferrer, del gobernador del Departamento Miguel A. Lozano Córdoba y del delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Álvaro Peñuela Salgado. Hubo también un intento de oposición de los aserríos y de una supuesta organización campesina del bajo río Atrato liderada por un funcionario de Codechocó”[1].


Esa situación era el reflejo del ambiente que se vivía en Codechocó, donde gran parte de los funcionarios acusaban a la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, de ser un obstáculo al desarrollo regional; pues, según ellos, sus posiciones críticas provenían del afán de no querer dejar hacer nada a las instituciones, en particular a dicha entidad. La situación llegó a ser tan crítica que mereció una nota aclaratoria de parte de la organización en su boletín El Atrateño, de abril de 1991[2]. Bajo el título “Le levantan corrinches a la ACIA”[3], la organización dio a conocer públicamente la situación: “las instituciones gubernamentales, como es el caso concreto de CODECHOCÓ, dicen que la ACIA no quiere el desarrollo para la región y difaman comentando que la organización rechaza a las entidades y que no quiere trabajar con ellas”. Y advirtió a sus integrantes: “Queremos comentarles, compañeros, que eso es mentira. La ACIA no rechaza a las entidades. Solo quiere que ellas respeten la posición de una organización popular que defiende los intereses de un pueblo marginado”. Además de planteamientos sobre el derecho a la participación real en los proyectos y a la toma decisiones sobre su territorio, la ACIA dejó claro que “el desarrollo debe ser ajustado a nuestros medios” y “por eso somos celosos de los proyectos que no cuentan con nosotros”.


Dos años antes, en un foro sobre titulación de tierras y productividad, un conocido abogado quibdoseño, excandidato a la Alcaldía de Quibdó y líder cívico, había tenido también una salida en falso sobre la propiedad colectiva en general y sobre los sistemas productivos del Medio Atrato. La ACIA, en su boletín bimestral El Atrateño, de julio-agosto de 1989, relató y rechazó lo ocurrido: “El pasado 18 de julio, se realizó en Quibdó un Foro sobre titulación de tierras y productividad… este foro fue y es muy significante para nuestra organización, teniendo en cuenta que la titulación de tierras y todo lo referente a los recursos naturales ha sido nuestra bandera. Allí se dieron varios enfrentamientos ideológicos, como lo fue la ponencia del excandidato a la alcaldía Marcos Tobías, quien defendió una posición que bien podría ser de la más exagerada antichocoanidad. Él hizo referencia a que era necesario que el Chocó fuera invadido por colonos del interior, debido a que el campesinado chocoano “carece de experiencia agrícola”. Afortunadamente la exposición de este señor obtuvo un rechazo general[4].


Ese incidente le dio mayor relevancia a la declaración conjunta que para el evento habían emitido la ACIA y la OREWA, suscritas por sus respectivos secretarios, Nevaldo Perea y Víctor Carpio; una declaración en la que, entre otros aspectos principales, exigían el “reconocimiento por parte del Estado de la existencia de dos minorías étnicas en la Costa Pacífica: indígenas y negros”, “territorio para ambas etnias” y la garantía de “los derechos humanos de las comunidades negras e indígenas y que se nos brinden las mismas oportunidades que a todos los colombianos”[5].


Tumulto de personas
Así lucía la Carrera Primera de Quibdó por los tiempos de la promulgación de la Ley 70 de 1993. El saqueo maderero era público y notorio. El malecón del río Atrato era el depósito privado de maderas finas y el parqueadero de los camiones que se las llevaban hacia Antioquia y Risaralda. FOTO: Julio César U. H. Archivo personal.

Las vueltas que da la vida


En la actualidad, el Padre Hérbert vive el otoño de su vida. A falta de sus cantos de sirena y ante el hecho palmario del reconocimiento de las comunidades negras como sujeto étnico y político en Colombia, las voces de sus seguidores ya no repiten las barrabasadas de hace tres décadas. Aquellos sectores de supuesta izquierda que también se empeñaron en desacreditar aquel proceso son ahora más caducos y sectarios que nunca. Y, las vueltas que da la vida: “la UTCH adoptará desde su nuevo Estatuto General un Enfoque Étnico Intercultural”[6] y -en un evento que se realizará en su campus el próximo septiembre- presentará “su declaración institucional como Universidad Interétnica e Intercultural y Biodiversa”[7].


La reglamentación postergada


Hoy, 30 años después de aquella indiferencia académica y de aquellas animadversiones y hostilidades políticas, la reglamentación pendiente de la Ley 70 de 1993 ha comenzado. Y esta es la mejor celebración de su significativo cumpleaños. “Hoy es un día de regocijo, porque después de tantos años de lucha incansable, de resistencias permanentes por la reivindicación de los derechos étnicos territoriales, se da un paso importante en términos de la garantía de implementación de la Ley 70 de 1993”, expresó la Vicepresidenta de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, quien fue minera artesanal en su comunidad negra de Suárez (Cauca) durante varios años de su vida, en el acto donde fueron firmados por el Presidente de la República dos decretos reglamentarios del Capítulo V de la ley, que se ocupa de los “recursos mineros”.


“Los decretos firmados reglamentan el Capítulo V de la Ley 70 de 1993 y por ellos se adoptan mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas. También, reconocen los derechos mineros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para delimitar zonas mineras de las comunidades negras y la aplicación del derecho de prelación frente a intereses de exploración y explotación de particulares diferentes a esas comunidades”[8]. En su intervención ante el Congreso de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, el viernes 25 de agosto de 2023, el Presidente Gustavo Petro “reconoció que los decretos pueden, quizás, tener “imperfecciones”, pero se constituyen en un “instrumento de lucha, en unas banderas que ahora pasan a sus manos y, de ustedes dependerá, que no perezcan, que no se vuelvan sueños derrotados”.[9]


Hace 30 años, el 27 de agosto de 1993, en el acto de promulgación de la Ley 70 de 1993, en el Parque Manuel Mosquera Garcés, de Quibdó, el entonces Gobernador del Chocó, Antonio Heráclito Maya Copete, remató su discurso expresando: “Un proverbio chino dice que “el camino más largo empieza por el primer paso”. Sabemos que tenemos un largo trecho por recorrer”[10]. El camino de la reglamentación de la ley ha sido más largo de lo que entonces pensábamos; pero, ahora, se han empezado a dar nuevos pasos, que ojalá lleven a puerto este proceso, ya que, como están las cosas, es muy probable que este sea uno de esos casos en los que se trata de ahora o nunca.


Documento histórico
El Acuerdo de Buchadó es uno de los hitos fudamentales en el origen de la Ley 70 de 1993, que cumple 30 años de haber sido promulgada. Así lo registró para la historia El Atrateño, Boletín informativo de la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato), en junio de 1987.

Tomado del blog El Guarengue.

 

[1] Enrique Sánchez, Gonzalo Valdez, Rocío Gallego, Josef Hoing. 2018. Semillas de Paz y Esperanza. Aportes a la Etnoeducación y el trabajo social en barrios populares de Bogotá. Fundación de Vida 1989-2018. Editorial Nueva América, Bogotá. 286 pp. Pág. 53. N.B. La “supuesta organización” a la que se alude en la cita reproducida no es OCABA, Organización Campesina del Bajo Atrato, que sí fue una organización representativa de las comunidades y lideró las reivindicaciones étnicas y territoriales durante los años que tuvo de existencia.

[2] El Atrateño, N° 19. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pág. 4.

[3] Corrinche: comentario malintencionado o negativo que se hace sobre algo o alguien. Diccionario de Colombianismos. Instituto Caro y Cuervo. 2018.

[4] El Atrateño, N° 16. Julio-agosto 1989. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pág. 1.

[5] Declaración conjunta ACIA – OREWA. Julio 18 de 1989. En: El Atrateño N° 16. Julio-agosto 1989. Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Pp. 2-3.

[6] La UTCH adoptará desde su nuevo Estatuto General un Enfoque Étnico Intercultural. En: https://www.utch.edu.co/nueva/noticias/847-la-utch-adoptar%C3%A1-desde-su-nuevo-estatuto-general-un-enfoque-%C3%A9tnico-intercultural (Consultado: 26.08.2023).

[7] Primer Congreso Internacional “Educación, Etnia y Cultura” y VII Encuentro Internacional de Investigadores en Comunicación: “Comunicaciones Etnicidades y Culturas”. Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Quibdó, 18,19 y 20 de septiembre de 2023. En: https://www.utch.edu.co/nueva/congreso-comunicaci%C3%B3n,-etnia-y-cultura (Consultado el 26.08.2023).

[9] Ibidem.

bottom of page